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Guadalupe Salcedo

E l 6 de junio de 1957, en un suburbio del sur de Bogotá, cayó muerto Guadalupe Salcedo Unda. El Capitán, como se conoció en Guadalupe, había sido el máximo responsable de las guerrillas liberales del Llano, un ejército de más de 5000 campesinos levantados en armas contra la violencia conservadora tras el asesinato del caudillo liberal Jorge Eliécer Gaitán. Tres años antes, Guadalupe había firmado un acuerdo de paz con el gobierno general Rojas Pinilla, acuerdo que incluye, además de la entrega de las armas,

una amnistía general para los guerrilleros, así como las reformas sociales y económicas en los territorios ocupados por los alzados en armas. Guadalupe Salcedo fue asesinado a mansalva por agentes de la policía, cuando ya se había incorporado a la vida civil y política. En el momento de su muerte acaba de salir de una reunión con antiguos compañeros suyos, evaluando estrategias conducentes para lograr el cumplimiento del acuerdo de paz celebrado.

Es probable que todavía muchos colombianos desconozcan el significado de toda esta historia: la muerte de Guadalupe vendría a sellar la traición del establecimiento no sólo al acuerdo celebrado con el jefe guerrillero, sino también a las expectativas de reformas sociales de las millas de campesinos que sí se levantado en armas por la tierra y la paz. Desde entonces, el incumplimiento de los acuerdos celebrados, la felonía y el asesinato de dirigentes sociales y políticos se convirtió en un patrón de conducta de partidos políticos y partidos dominantes en Colombia, marcando con eso una tradición que explica buena parte de la tragedia nuestra, de la cual escondemos los intereses de aquellos sectores que viven del atraso y el conservadurismo cultural, social y político de la sociedad colombiana.

Bajando la cuesta del siglo veinte, durante los años Ochenta y noventa, el país volvió a vivir las situaciones de Guadalupe a las lágrimas y sus camaradas del Llano. En el marco de las negociaciones y los acuerdos de paz celebrados entre las generaciones y los conservadores de la época con las guerrillas de las FARC, el EPL y el M-19, el diodo del genocidio de la Unión Patriótica, con los candidatos presidenciales asesinados y millas de sus miembros sacrificados, lo que a la postre frustraría entonces las posibilidades de un acuerdo de paz con la organización de Manuel Marulanda Vélez. Lo mismo sucedió con la fracción del EPL que por esa época siguió a Óscar William Calvo. La muerte violenta de Carlos Pizarro, en campaña presidencial,

Como la vez anterior, también está conformada con la resistencia de amplios sectores del establecimiento a la celebración de acuerdos con los alzados en armas que conlleven reformas al statu quo social y político. Detrás de las guerrillas trota la revolución social, fue la frase con la que el ex presidente López Pumarejo alertó en su momento sobre la necesidad de desmontar las guerrillas del Llano. Pero lo que sí puede ser considerado es una previsión política, con la que justifica la necesidad de una pronta y oportuna modernización de las estructuras económicas y sociales del sistema, para los sectores más retardatarios es el grito de combate de los defensores acérrimos del orden. El mundo vivía entonces la época de la guerra fría y el fantasma del comunismo ya recorría estas tierras. A la postre el grito de combate se hizo dominante y hegemónico en el seno del establecimiento, frente a las veleidades modernizantes de algunos sectores políticos suyos. De ahí la feroz resistencia política y armada, legal e ilegal, institucional y extra institucional, cultural y mediática, con la que han sido admitidas las iniciativas para la provisión de fondos. de la negociación directa con los alzados en armas, con base en reformas políticas democráticas y el reconocimiento de un mínimo de justicia social.

No es extraño que el acuerdo de paz en La Habana por el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC haya contado desde sus inicios con la oposición de diferentes sectores sociales, políticos y militares en el retiro, de algunos medios de comunicación y comunidades religiosas . Estos mismos sectores se han llevado a cabo por un estrecho margen, al gobierno ya los participantes en el acuerdo en la consulta plebiscitaria convocada por el Presidente de la República el 2 de octubre del año pasado. El Gobierno y las FARC debieron renegociar el acuerdo inicial celebrado, incorporando buena parte de los reparos y objeciones de los opositores, sin que esto lograra cesar los ataques y cuestionamientos al nuevo pacto de paz. Refrendado por el Congreso de la República, en su fase de implementación el acuerdo se ha encontrado con toda clase de obstáculos e impugnaciones. En la prensa y la plaza pública, así como en el Congreso y la Fiscalía General, retumba de nuevo el grito de combate que llama filas seguidas en defensa del orden social, la propiedad privada y el honor de las Fuerzas Armadas. El propósito es buscar el fracaso del acuerdo por la vía de impedir que se cumpla con el pago.

La fase de implementación del acuerdo Paz ha llegado a la fase final del gobierno Santos y el inicio de la campaña electoral para el Congreso y la Presidencia de la República. En este contexto, los primeros debates en el Congreso y los medios sobre el alcance y el contenido de las reformas sociales, políticas e institucionales que buscan la ejecución del acuerdo danés lugar al inicio de una recomposición de la correlación de fuerzas sociales y políticas frente al mismo , dejando pasar el camino por el que se aprobó el gobierno durante la fase de negociación del proceso de paz, y otra bien distinta en el reposicionamiento que han llegado a ser diversos sectores en la fase de implementación y ejecución de lo acordado, cuando algunos de ellos comienzan a sopesar las implicaciones y consecuencias que se derivan de lo pactado. Lo que da cuenta no solo de lo hondo que ha calado entre el empresariado, los partidos políticos y las oficinas centrales del Estado, las objeciones y reparaciones que sistemáticamente son la fórmula de los nuevos iniciales de la paz al acuerdo finalmente negociado por el Gobierno y las FARC, sino también la actitud refractaria que históricamente han sostenido los sectores hegemónicos del establecimiento. Factor decisivo en esta situación fue el reflujo en el que cayó la protesta y la movilización social de las organizaciones de la izquierda, los trabajadores, los jóvenes y las mujeres que apoyaron el proceso de paz en la fase final de la negociación de los acuerdos. las objeciones y reparos que sistemáticamente han han sido formulados por los militares de las FARC, también han contribuido con la actitud refractaria que históricamente han sostenido los sectores hegemónicos del establecimiento. Factor decisivo en esta situación fue el reflujo en el que cayó la protesta y la movilización social de las organizaciones de la izquierda, los trabajadores, los jóvenes y las mujeres que apoyaron el proceso de paz en la fase final de la negociación de los acuerdos. las objeciones y reparos que sistemáticamente han han sido formulados por los militares de las FARC, también han contribuido con la actitud refractaria que históricamente han sostenido los sectores hegemónicos del establecimiento. Factor decisivo en esta situación fue el reflujo en el que cayó la protesta y la movilización social de las organizaciones de la izquierda, los trabajadores, los jóvenes y las mujeres que apoyaron el proceso de paz en la fase final de la negociación de los acuerdos.

Hoy es evidente que el Presidente de la República tiene la iniciativa, y que es el Gobierno, no hay quien lidere el proceso ante el Congreso, la Rama Judicial y la opinión pública. La Unidad Nacional, esa fracción del partido del orden en la que Santos quiso apoyar para sacar adelante el proceso de paz, amenaza con desmoronarse, acicateada por las medidas electorales frente a la próxima campaña. Vargas Lleras, quien hasta hace poco fungió como vicepresidente de Santos y ejecutor del plan más ambicioso, gobierno de infraestructura vial y vivienda popular, se fue del gobierno con un portazo. Tanto él como su partido Cambio radical decidieron darle la espalda a Santos, sin pecado antes de apoderarse de la Presidencia de la Cámara de Representantes. Hoy hacen la causa común con el partido de ex presidente Uribe en sus ataques al proceso de paz. Con la excepción de que otro vocero de la izquierda parlamentaria, el grueso de esta corriente en el Congreso aparece igualmente extraviada, sin poder acertar en los objetivos centrales de la coyuntura. Otro tanto ocurre en la Rama judicial con el Fiscal General de la Nación, quien en abierta rebeldía contra lo pactado en La Habana y en el Colón, se disputa públicamente la competencia judicial procesalmente contra los ex combatientes de la guerrilla, mientras que la Corte Constitucional aparece errática en varios de sus pronunciamientos sobre la constitución de algunas piezas del proceso. Una franja importante de empresarios, que apoyó al gobierno en la fase de la negociación, también aparece hoy ante los medios objetando puntos esenciales de lo que es con las FARC,

Como consecuencia de todo esto, ni el Gobierno ni las FARC, tampoco la opinión pública, han logrado impedir que el acuerdo de paz sea algo así como una renegociación en el seno del Congreso, de la que participan los ministros del gabinete, los diferentes sectores políticos y el Fiscal General de la Nación, con el riesgo cierto de que a la postre, del Acuerdo Final, apenas disponible por sombra.

La implementación y ejecución del acuerdo de paz pasa por un momento lleno de contradicciones y vacilaciones por parte del gobierno y las instituciones oficiales, con avances, retrocesos y incumplimiento de lo hecho. Siendo positivo que la Corte Constitucional ha aprobado el acuerdo de paz, al declarar la constitución del Acto Legislativo 02 de 2017, que le confiere legitimidad formal al pacto, la verdad es que las piezas centrales del mismo se hallan en veremos. Así, por ejemplo, la reforma política acordada para que las FARC dieran el tránsito a la vida política legal se encuentre al borde del fracaso por la evidente falta de voluntad política del Congreso y los partidos que lo controlan, Lo que contrasta con la decisión del Consejo Nacional Electoral de otorgar el reconocimiento de la personería jurídica al partido político constituido recientemente por los desmovilizados, luego de haber sido negado inicialmente. No menos importante es el estado en el que se encuentra la institucionalidad y el funcionamiento de la Jurisdicción Especial de Paz, un punto de engaño también en el medio del regateo, trabas y obstáculos de todo tipo por parte del Fiscal General, los gremios, los militares en retiro y los congresistas, cada cual tirando para su lado pero unidos en la pretensión de imponerle a los miembros de la Farc la condición de resolver previamente su situación judicial ante la JEP para poder participar en la actividad política. Ni qué hablar de la suerte que se puede correr los proyectos referidos a los programas de desarrollo agrario, zonas de reserva campesina y sustitución de proyectos ilícitos cuyo estudio y aprobación aparecen aplazados indefinidamente. En estas condiciones, el proceso paz, la chapalea en manos del gobierno y los congresistas, y amenaza con hacer crisis.

Lo que sucede hoy con el acuerdo de paz es la consecuencia no sólo de la falta de liderazgo del presidente de la república en la gestión del mismo, sino también de la incapacidad de la opinión y la opinión democrática de impedir que lo hagamos. una renegociación en el seno del Congreso. Yendo más atrás podría decirse que esta situación era previsible, y que la razón de todo esto radica en el hecho de haber aceptado que el Congreso de la República se encuentra en el escenario de debate y aprobación del paquete de reformas requerido para el desarrollo del Acuerdo. de Paz, lo que sin razón alguna es un error grave. De antemano se sabía que el Congreso es un escenario en el que se trafica con toda clase de intereses, en el que por lo demás los grandes terratenientes y ganaderos, así como los empresarios con intereses en la agroindustria, tienen un peso significativo. Sin contar que buena parte de los congresistas, ellos directamente o familiares suyos, han tenido nexos directos o indirectos con paramilitares y mafiosos. La alternativa de la Asamblea Constituyente con funciones legislativas, no fue lo suficientemente explorada entonces.

Desmovilizadas y desarmadas, convertidas hoy en partido político, con la expectativa de hacer el tránsito a la actividad política institucionalizada, la Farc percibe que un amplio sector de crédito tiene las puertas y las puertas excluidas. La misma percepción se tiene en amplios sectores de la opinión pública, algunas agrupaciones de la izquierda, los trabajadores, campesinos, jóvenes y mujeres. Es una percepción que tiene como referencia un hecho cierto y real: la burguesía y su clase política traficante El incumplimiento del acuerdo de paz entre el gobierno y las Farc. Por la vía de presionar la renegociación del mismo en el Congreso, el alcance de las reformas políticas y políticas pactadas, buscando al mismo tiempo la mayor impunidad posible para los miembros de las Fuerzas Armadas y los terceros civiles (responsables de delitos) de la humanidad en medio del conflicto. Presionadas a optar por una fuga hacia adelante, a la Farc parece no quedarle alternativa que insertar en un sistema político desventajoso para la acción política institucional, basado en la simulación democrática de la competencia partidista. Como consecuencia de esto, es probable que haya un proceso de diferenciación entre la política interna y la que atraviesa situaciones complejas que entrañen riesgos para la continuidad de su partido y la seguridad personal de sus dirigentes. a la Farc parece no quedarle alternativa que insertar en un sistema político desventajoso para la acción política institucional, basado en la simulación democrática de la competencia partidista. Como consecuencia de esto, es probable que haya un proceso de diferenciación entre la política interna y la que atraviesa situaciones complejas que entrañen riesgos para la continuidad de su partido y la seguridad personal de sus dirigentes. a la Farc parece no quedarle alternativa que insertar en un sistema político desventajoso para la acción política institucional, basado en la simulación democrática de la competencia partidista. Como consecuencia de esto, es probable que haya un proceso de diferenciación entre la política interna y la que atraviesa situaciones complejas que entrañen riesgos para la continuidad de su partido y la seguridad personal de sus dirigentes.

La maniobra en curso es sin duda una traición a lo pactado en La Habana y el Teatro Colón, y su gestación sobreviene tras haber logrado la guerrilla su desmovilización y desarme anticipado. Y no es cierto que la misma decisión está en los sectores que desde el principio aparecieron como enemigos de la paz negociada, de ella también participan Santos y buena parte de la élite empresarial y política que lo tiene apoyado. De la felonía podría derivarse beneficios adicionales. No es descartable que en la traición a la Farc el establecimiento al azar de la oportunidad de su reunión, de suerte que lo que Santos no pudo en la fase de negociación del acuerdo, lo que el Congreso durante la implementación del mismo.

Desde las épocas de Guadalupe Salcedo, la traición ha contado siempre con los ingredientes, el incumplimiento de lo establecido por parte de las élites dominantes y la muerte violenta de los líderes guerrilleros.  Por lo que se ve, el establecimiento sigue siendo un patrón de conducta. Negocia el acuerdo de paz, la FARC no solo enfrenta el desconocimiento de lo que está en el pasado, sino que también comienza a sufrir los efectos del plomo. Sus grupos de asesinatos en diferentes lugares del país, todos ex guerrilleros de base, ningún líder de la organización todavía. Y por lo que igualmente se ve, no hay imagen abierta, ni está en la FARC ni el resto de la izquierda, sobre la estrategia para la frente a la situación. 

El acuerdo negociado por el gobierno de Santos y las FARC es un documento político que sienta las bases de una paz real y posible, al tiempo que abre las puertas para que haga las reformas de orden social, político e institucional encaminadas a democratizar la vida política ya se han realizado algunas mejoras en la forma de vida de los sectores sociales del campo Tales reformas constituyen un programa de transformaciones democráticas de inmenso valor histórico y político, como quiera que las mismas, la sociedad colombiana registra un retraso estructural de muchísimos años. Pero, por la actitud del gobierno y la reacción al régimen durante esta primera fase de implementación del acuerdo, las dudas que surgen de las clases dominantes están dispuestas a garantizar su ejecución. Le toca a la izquierda revolucionaria enfrentar las consecuencias políticas de esta realidad, pecado autoengaños ni oportunismos. Y ello implica tener que replantearse el tema de la estrategia y la táctica política, buscando superar el infructuoso tacticismo coyuntural que conduce a la conciliación y la claudicación y que impide el horizonte que se extiende más allá de lo que es posible en lo inmediato.

fidel

monojojoy

JULIAN